5 de abril de 2016
Los Jueces no quieren quedar pegados
Los jueces federales pasan al ataque convencidos de que, en caso contrario, la sociedad los señalará como cómplices del kirchnerismo.

El pase a la ofensiva de la justicia federal, simbolizado en los rápidos avances que registra la investigación sobre los diversos delitos que se le imputan a Lázaro Báez tiene para algunos relación con la necesidad del gobierno nacional de que la sociedad, castigada por un fuerte ajuste, vea en los popes kirchneristas a los culpables de la situación.

Sin embargo, sobran indicios de que Mauricio Macri actúa en realidad muy poco sobre lo que ocurre en Comodoro Py. El escándalo que Elisa Carrió intenta montar sobre las supuestas operaciones de Daniel Angelici, en realidad no pasaron de comprobar poco más que una charla de aquél con el juez federal Norberto Oyarbide.

En cuanto al Ministro de Justicia Oscar Garavano, consiguió convertirse rápidamente en persona no grata en los pasillos de Comodoro Py.

La lucha de poder entre los magistrados y el gobierno de Macri llegó a su máximo de tensión ante el intento del poder político de reformar el sistema judicial; el ministro de Justicia provocó un terremoto en el fuero que tiene a su cargo las causas de corrupción, drogas, lavado de dinero, trata de personas y crimen organizado.

El Ministerio de Justicia intentó bajar la tensión pero la mayoría de los doce jueces federales de la Capital Federal tuvieron reuniones para discutir una postura común y elaborar un documento con las críticas a la reforma bautizada por Garavano como Justicia 2020. Algunos quieren presentarlo al jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, para lograr el apoyo de la oposición en el Congreso y frenar la reforma.

Algunos jueces creen que la reforma ya fue desactivada. Están convencidos de que tienen chances de que Macri acepte frenarla y, en última instancia, cuentan con el PJ para poner el tapón en el Congreso. En cambio, en el gobierno aseguraron que el proyecto estará en manos del Presidente en las próximas semanas para su aprobación y envío al Congreso.

Garavano y el Secretario de Justicia Oscar Otamendi hacen hincapié en que la reforma apunta a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y que el proyecto original, que calaba más hondo en el poder del fuero, se reformó. Creen que será difícil para los jueces sostener que el proyecto los afecta.

Los federales de Capital Federal creen contar con el apoyo de jueces de las provincias, donde el ministro quiere crear juzgados exclusivamente penales, hoy tienen multi-competencia.

La espina principal es que el gobierno quiere que los jueces nacionales de instrucción, que investigan robos, homicidios y otros delitos que no son federales, tengan las mismas competencias que los federales. En Capital Federal, por ejemplo, ya no habrá doce jueces a cargo de las causas de corrupción sino más de 40. Por eso, los magistrados consideran que el Ejecutivo quiere “esmerilarlos” y avanzar sobre sus facultades. Dicen que la reforma es “inconstitucional” porque pondrá jueces comunes a investigar delitos federales.

La intención de Garavano de crear un grupo especial de once jueces de narcocriminalidad es central en el conflicto. Serán ocupados por jueces de instrucción. Para el gobierno, están más que calificados. Para Comodoro Py, implica darle un poder político al macrismo sobre los gobernadores, ya que estos jueces podrán investigar en todo el país.

En el Ministerio de Justicia dijeron que el temor de los jueces federales es quedarse afuera de las causas de corrupción contra el gobierno, su principal arma de poder. Dicen que no deben preocuparse: “Como ya no van a tener la sobrecarga de las causas de drogas y trata de personas van a poder avanzar con la deuda que tienen con la sociedad: las causas de corrupción”. Así las cosas, es difícil pensar que hoy por hoy los jueces federales y la Casa Rosada estén planeando en conjunto la persecución legal del kirchnerismo.

Cómo salvarse

Más cerca de la realidad parece estar la visión que señala que los magistrados, luego de múltiples reuniones, llegaron a la conclusión prácticamente unánime de que, si no tomaban el toro por las astas, la opinión pública bien podría empezar a señalarlos como cómplices de la corrupción K.

La actual ofensiva anticorrupción sería entonces más bien una maniobra de defensa corporativa y de defensa de cada uno de los magistrados. Éstos temen que, de haber continuado en su estado de inacción, en el Consejo de la Magistratura empiecen a votarse sus juicios políticos.

En esta nueva estrategia judicial entran elementos que pueden complicar el juego. Para recuperar imagen de independencia y prestigio, al menos un par de jueces federales sostendría que también habría que mostrar que se actúa contra los focos de corrupción en el actual gobierno.

Con su prescindencia y su respetable postura de no presionar en Comodoro Py, Macri está dejando así un ancho margen para que los jueces hagan algo que no se vio en los últimos gobiernos: elaboren su propia estrategia política.



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