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  GENTE  9 de agosto de 2018
La movilidad muestra la hilacha
El ajuste fiscal por inflación cobra sus 1ras. víctimas: jubilados y asalariados. La Administración Macri encontró otro punto de coincidencia con su antecesora de CFK: usar a la inflación como redistribuidor de ingresos relativos sin decirlo. El 6,67% de incremento de los haberes jubilatorios que se pagará en setiembre acumula en 9 meses un 19,2% y hacia fin de año proyecta una pérdida real superior al 8%, que los jubilados resignan para que mejore el rojo de la caja previsional, principal animadora del déficit fiscal infinanciable por estos días.

También con la inflación se licuara en más de 5 puntos la nómina salarial del sector público, de fuerte participación en el gasto estatal. La fórmula que pesifica el costo de los combustibles para trasladarlo al que los usuarios pagan en el surtidor conjuga de modo continuo en un indexador la cotización internacional del barril y la devaluación. Al igual que sucede con las tarifas de los servicios públicos, hubo aumentos del 1.500% en las facturas que afrontan los consumidores, que se reciclan en el IPC y vuelven, para que el dinero lo perciban directamente las empresas petroleras y distribuidoras en lugar de recibirlo a través de subsidios que diezman el erario público. Los gobiernos regulan para sacarles a unos y darles a otros, pero la inflación hace el trabajo sucio al perjudicar a los de menor capacidad de reacción en la relación de fuerzas. Claramente los jubilados encabezan la lista.

Una lectura rápida que cualquier desprevenido haría de la historia clínica de la economía, adentrado el 2do semestre, ubica a la inflación volando al 31,7% en todo 2018, en un contexto en que ya todos los signos vitales se encuentran en plena pendiente: nivel general de actividad, empleo, salario, haber jubilatorio, consumo, el dólar y hasta las propias tarifas, medidas por el incremento de los subsidios a la energía y el transporte.

El más perentorio de todos los efectos negativos vuelve a ser la paridad cambiaria, el acelerador de todos estos trastornos desde la corrida de mayo último. Se mantuvo anclada en torno de los $28 en junio y julio frente a un IPC que subió 3,7 y 3% (estimativo) respectivamente, lo cual otra vez pasa de plano el atraso y de nuevo obliga al Banco Central a hacer piruetas con tasas del 45% de por sí inalcanzables para Pymes pero consideradas insuficientes por los administradores de portafolios.

Luis “Toto” Caputo ya veía venir que los desembolsos pautados del crédito stand by del FMI no le estaban cerrando para sostener el precario equilibrio cambiario debido a la alta inflación, gestionó infructuosamente refuerzos en Washington y, al final, tuvo que ir por la contraria: bajó a la mitad el monto de las licitaciones de divisas que aplica a anclar la cotización hasta dar tiempo a que se reacomodara el resto de los precios, confesó que la inflación superó las previsiones del gobierno (al igual que su antecesor Federico Sturzenegger) y ahora será el mercado el que indexe el tipo de cambio.

El director de Carta Financiera, Miguel Boggiano, no encuentra buenas noticias al respecto en el panorama externo que pega de lleno en el local: “El dólar está nuevamente subiendo en todo el mundo y eso terminará impactando en el peso argentino. Está subiendo fuertemente contra la lira turca y el yuan, dos monedas emergentes, pero también lo está haciendo frente al euro”, señala, para contextualizarlo con que “la tasa de interés del bono a 10 años de Estados Unidos parece retomar su camino alcista y apunta a superar nuevamente el 3%”.

Recomienda el economista que “más que nunca hay que entender que el mundo puede volverse un maníaco depresivo dispuesto a pasar del amor al odio en unos pocos días” y recuerda que “súbitamente se desencantó con la Argentina en abril-mayo. Podríamos decir que la gota que rebalsó el vaso fueron los inversores extranjeros que se retiraron de las Lebac, pero a decir verdad, el disparador es una anécdota”, completa.

Mirando estos dos meses transcurridos, ya había caído a la Tesorería la nota de débito por la compensación a las petroleras del congelamiento de parte de los aumentos del 2do trimestre que habían acordado con el ex ministro Juan José Aranguren en plena retirada de éste.

De modo que creció 11,8% nominalmente, con tarifazos y todo, en junio el monto de los subsidios a la energía, 13,6% al transporte, con la consecuente necesidad de financiamiento. Pero además la fórmula de actualización de los combustibles en los surtidores (basada en la pesificación del precio internacional del crudo, con ambos vectores hacia arriba) acumuló un 15% pendiente de aplicación limpio de futuras inflaciones, y con la depreciación de la moneda es una rueda de nunca acabar.

Dentro de dos meses, tocará a las tarifas de los servicios públicos, con alzas del 25% para arriba, aportar al IPC, de ahí a los combustibles, al dólar, y los demás irán siendo acomodados en la medida de las posibilidades.

La Administración Macri parece haberle tomado el gusto al efecto en el gasto fiscal del ajuste por inflación, después que la denominada núcleo pasó del 20 al 30% en un año. En una carrera con las pulsaciones aceleradas como ésta se licúan más rápidamente los salarios del sector público, jubilaciones, pensiones y otras erogaciones sociales, a costa de tener que afrontar el caos callejero por las protestas, que de una forma u otra siempre está.

La fijación del 6,7% de incremento a las pasividades en setiembre, de acuerdo con la modificación a la ley de movilidad que básicamente patea 3 meses el cálculo de las liquidaciones, en la práctica significa diferir la devolución de la alta inflación disparada en mayo a fin de año.

A septiembre, los haberes habrán acumulado un 19,2% de incremento nominal (con alzas acumulativas de 5,69% en marzo, 5,71% en junio y 6,7% en el noveno mes). Para ver la dimensión del ajuste en números, la mínima actual es de $ 8.096,30 y la máxima, de $ 59.314,97, que con el nuevo ajuste pasarán a $ 8.637,10 y $ 63.277,20, respectivamente.

Ya en el empalme en marzo entre las dos leyes de movilidad los jubilados habían perdido el 8,8%, cuando por la anterior hubiera sido empate este año frente a la inflación.

La Nación sacó proyecciones aportadas por varias consultoras y economistas  que indican, asimismo, que las subas nominales acumuladas por los sueldos quedarían entre 3 y 5 puntos por debajo de la evolución del índice de precios al consumidor, lo cual alivia la carga de las nóminas que paga el Estado, mucho más si concreta una poda en la cantidad de agentes.

El recorte total de las remuneraciones reales no será menor, ya que afecta al 70% de la factura fiscal.

El desfase fue transferido, en todo caso, a cada uno de los hogares, porque el menor poder adquisitivo de los beneficiarios sociales en octubre sería 5,3% y una caída interanual del salario real del 4,1%, con los que, encima, deberán afrontarse facturas de servicios con aumentos.

Tendrán dos meses duros por delante hasta que en diciembre las estadísticas prometen una pérdida menor: 2,2% en comparación con el mismo mes de 2017. Según cómo den los salarios en junio, podrían incidir en 1,8% en la movilidad jubilatoria pagadera en el último mes del año, que promediaría hacia abajo lo que acumule el IPC.

Es que al aplicarse la fórmula de ajuste de haberes en forma trimestral a partir de este año, se suma y divide por dos el 70% de la inflación de un trimestre y el 30% de la variación del índice salarial Ripte, para lo cual los datos se toman con un rezago de 6 meses, o sea que abril y junio definen la suba de diciembre.

En la práctica, entre octubre de 2017 y junio de 2018, los haberes y asignaciones por hijo resignaron 3,85% en términos reales, sin contar el bono. La perspectiva va para peor: en todo el año perderían hasta 8%.

 

El detalle:

-el 1er incremento con la nueva fórmula se comenzó a aplicarse el 1ro de marzo pasado y fue del 5,71%, basado en lo sucedido en el 4to trimestre de 2017;

-en junio se aplicó el 2do, de 5,69%, con los datos del 1er trimestre del año, con lo que el acumulado semestral dio 11,73%, contra una inflación en ese mismo período de 13,15%: la pérdida en consecuencia fue del 1,42%;

-para cobrar en octubre se fijó en 6,68%, que surge de los resultados del 2do trimestre de 2018, con lo que en 9 meses el haber jubilatorio habrá subido un 19,19%.

La inflación superior al 30% determina, al mismo tiempo, una brecha nominal de al menos 4,3 puntos por encima del salario, que habrá que ver cómo se traduce, en el balance fiscal, en la diferencia entre la columna de remuneraciones que paga el Estado y los tributos que percibe.

La cuenta matemática que cabría a cada trabajador sería muy distinta: si lo que en diciembre de 2017 valía 100, un año después se fue a 131,50, mientras que la evolución del sueldo le alcanzará para cubrir el 96,7% de ese presupuesto. Es lo que se conoce como pérdida del salario real.



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