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11 de junio de 2018
Reafirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas
El 12 de octubre de 1973 asumía Perón la tercera presidencia con el voto directo de 7.359.252 argentinos, un 61,85% del total de los votantes.

En el marco de este gobierno constitucional, el 14 de noviembre de 1973 se dictó la ley 20.561 donde se fijaba el 10 de junio como día de la «Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas del sur y sector antártico», fundado en que ese día, en 1829, se creaba la primera Comandancia Política y Militar y, se designaba a Luis Vernet, como primer gobernador de las islas Malvinas y del territorio marítimo e insular austral.

Se establecía en esa ley que ese día «se conmemorará en todos los establecimientos de enseñanza del Estado y particulares, unidades y oficinas de las Fuerzas Armadas, sedes judiciales y dependencias de la administración pública con actos alusivos y asimismo y como protesta simbólica contra las agresiones sufridas por la República en la región, se embanderarán e iluminarán obligatoriamente en esa fecha, todos los edificios donde funcionen dependencias oficiales».

Luego, ya en 1994 se reformaba la Constitución Nacional donde la Nación Argentina ratificaba «su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

Desde la invasión inglesa del 3 de enero de 1833 de las Islas, pasando por la recuperación de Malvinas en 1982 y la nueva ocupación británica, se han dictado un conjunto de normas internacionales claramente favorables a nuestro país, como las Resoluciones de las Naciones Unidas 31/49; 2065/65; 41/11; 3171/73; 3175/73 y 3336/74; y, otras nacionales, como la Constitución Nacional y de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; las leyes nacionales 17.319, 23.775; 24.922; 26.386; 26.659 y 26.915, que dejan de manifiesto la vocación de los argentinos de reafirmar sus derechos soberanos sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los territorios marítimos del atlántico sur y océano austral.

Sin embargo, los gobernantes de turno, que debieran recordar que la soberanía reside en el pueblo, promueven acuerdos contrarios a esta voluntad popular, bajo pretexto, que a través de la cooperación o la cesión se habrá de alcanzar la restitución de los territorios usurpados.

El 13 de septiembre de 2016 la entonces canciller Susana Malcorra autorizó a su Secretario de Relaciones Exteriores Carlos Foradori a declarar junto al ministro para Europa y las Américas Alan Duncan: «…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, manteniendo la “fórmula del paraguas»”. Aquellas declaraciones las mantiene vigentes -pese a la oportuna y unánime oposición del Congreso- el actual Canciller Jorge Faurie, quién avanza en reuniones conjuntas, que al igual que cuando se efectuaron los mal llamados “Acuerdos de Madrid” firmados por Cavallo en 1989/90, esconderían razones económicas: entonces el levantamiento de las sanciones comerciales de Europa y, tal vez hoy, las condiciones no escritas del acuerdo con el FMI.

Se desprecian los derechos soberanos argentinos sobre sus espacios territoriales, los derechos sobre sus recursos naturales, los efectos económicos sobre los trabajadores argentinos, las empresas y los pueblos que viven de la explotación pesquera y, muy especialmente, los esfuerzos de los combatientes de Malvinas, sus muertos y heridos.



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