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31 de octubre de 2016
La estafa del siglo
En España y Brasil hay presos por estas causas; en la Argentina, silencio: Esta fue la estafa del siglo. La expropiación del gobierno K de Repsol-YPF, Sueños Compartidos, tarjeta SUBE, y otros, fue para tapar la corrupción. La expropiación fue la metodología del gobierno K para pretender tapar la corrupción.

En la causa Tarjeta SUBE, luego de desatado el escándalo, se rescindió el contrato y se pasó el control al Banco Nación. Esto representó una pérdida para el país no menor a 600 millones de pesos.

En la causa “Sueños Compartidos” (Hebe de Bonafini y familia), se estatizó todo, lo que representó para el país una pérdida no menor de 1.000 millones de pesos.

En la causa Boudou-Ciccone, 400 millones de dólares.

Pero la frutilla del postre fue la estatización de REPSOL-YPF, que no obstante lo que ya se perdió, ahora, mediante un fondo los Eskenazi, pretenden una indemnización por sus acciones no menor a los 3.000 millones de dólares y están litigando en EEUU, donde fijó competencia el mismo Néstor Kirchner en sus acuerdos.

Cuando nuestro pueblo se pregunta por qué no están presas las máximas autoridades del gobierno anterior, la respuesta es que los jueces federales, que tienen estas causas que yo mismo denuncié por acción u omisión, son responsables directos. Todo esto tiene un nombre: latrocinio y traición a la patria. Todas estas expropiaciones sin sentido evitaron construir viviendas, tener mejor salud, más seguridad y más educación.

La expropiación de REPSOL-YPF representó para la Argentina un grave perjuicio económico. Hasta los españoles dicen que al momento de la expropiación de Repsol la empresa tenía un saldo positivo de 8.813 dólares, es decir, se habían llevado ese dinero sin que fueran utilidades; que es una empresa que evade impuestos, que no es una empresa española sino que tiene sede en España, pero además 13 filiales en paraísos fiscales, no respeta el medio ambiente y vulnera a las comunidades mapuches, como sucedió con Cerro Bandera y Loma de la Lata.

Todo esto está corroborado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (O.D.G.), el observatorio de las Multinacionales en América Latina (O.M.A.L.), Ecologistas en Acción (ALSUR-LAS SEGOVIAS y Associacion Catalava D Engimyeriasense Fronteras (E.S.F.) y miles de españoles que se han expresado en contra de la defensa que hacía Rajoy de esta empresa.

Esto no tiene otro nombre: ES CORRUPCIÓN. La expropiación de REPSOL-YPF fue realizada para tapar la corrupción, ya que se distribuyeron durante los últimos años utilidades que no existían. Se llevaron más de 12.000 millones de dólares con esta mecánica y el grupo Eskenazi compró una parte de la empresa sin dinero.

Esto está debidamente comprobado por peritos de la Corte Suprema de Justicia y por una ONG que dirige un conocido perito forense. Pero además de eso, el valor según balances es de dólares 2.300 millones. El valor que tenía al momento de la expropiación era de menos de dólares 4.000 millones y el pasivo que dejó Repsol al momento de la expropiación era de 9.000 millones de dólares y, a las apuradas, el tribunal de tasación dominado totalmente por los K, dijo que el precio era correcto.

La mecánica de la corrupción en la Argentina es similar en todos los casos: el dinero se fugó al exterior, ya que era imposible justificar los montos, por los sobreprecios, los retornos y otros rubros. Pero además las causas estuvieron todas planchadas.

La expropiación de YPF fue para ocultar la compra sin fundamento y sin dinero que realizó Néstor Kirchner con la familia Eskenazi. Y como si esto fuera poco, se sumó la falta de control en las inversiones y permitir la distribución de utilidades que la privatización no había previsto. Se expropio justamente para todo esto: para evitar investigar todos estos actos irregulares, que son delitos, cuando se hubiera podido rescindir el contrato con Repsol por falta de cumplimiento, sin derecho a ninguna indemnización.

La misma implementación en el caso Boudou-Ciccone, Schoklender y la empresa que controla SUBE. Todas estas causas tienen muchas cosas en común y son también motivo del lavado y fuga de dinero al exterior.

Todo esto tiene su fundamento en lo que dicen los distintos organismos internacionales sobre la corrupción en la Argentina.

En España, en la causa Gurtel, donde interviene el Juzgado de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del Dr. Pablo Ruz, que investiga el caso Barcenas, por corrupción y sobresueldos, también investiga a la Argentina en especial a esta empresa y otras.

En Uruguay, el juez Néstor Valetti, la fiscal Mónica Ferrero y el fiscal Juan Gómez investigan todas estas conexiones:

  • Los imputados son funcionarios públicos.
  • Las empresas imputadas son off shore, es decir, internacionales, porque su constitución se realiza en el exterior y son registradas en la Argentina.
  • Se vislumbran sobreprecios en el servicio a prestar.
  • Forma y modo de contratación: puede ser directa o, en el caso de ser por licitación publica, lo hacen de manera totalmente digitada.
  • La forma y modo de esconder las sumas por los sobreprecios y la corrupción es a través del lavado de dinero, el giro al exterior de estas sumas.
  • Los fines para los cuales se constituyen estas empresas nunca terminan por cumplirse, salvo el de la corrupción.

Ninguno de estos hechos fue investigado por los fiscales de oficio o por la Fiscalía de investigación financiera.

En todos estos contratos hubo ausencia de contralor. Es decir, no hubo intervención de la UIF, AFIP, IGJ. En la causa Ciccone hubo ausencia por parte de la Casa de la Moneda.

El Gobierno Nacional reconoció las irregularidades -delitos- y producto de ello es que han sido rescindidos los contratos con las empresas intervinientes en el caso Schoklender y en el caso SUBE. Mientras que en el caso Boudou-Ciccone dictó un decreto para expropiar, como en el caso de YPF-REPSOL. Pero en ninguno de estos cuatro casos ha hecho referencia al perjuicio económico que se ha producido al estado por esos contratos.

“Esto no es la ruta del dinero K, es la autopista…”, afirma Ricardo Paz Herrera, un pequeño accionista de YPF, en un video que envió a Infobae. “El caso Petrobras es insignificante al lado de esto”, insiste.

Y denuncia un megafraude en la petrolera durante la década ganada. En el video, de manera casi didáctica, relata una serie de maniobras a través de las cuales funcionarios delos gobiernos kirchneristas se habrían “robado” 46 mil millones de dólares.

Pero, ¿quién es Paz Herrera? Es un accionista minoritario de YPF que se animó a denunciar las supuestas irregularidades que se habrían desencadenado durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, con Axel Kicillof y Miguel Galuccio como actores de reparto.

Según los datos recogidos, Paz Herrera sospecha que se cometieron diversos delitos como “robo de los activos de YPF”, defraudación, evasión, lavado de dinero, fraude a los inversores extranjeros y fraude a los más de 30 mil trabajadores. Además, le imputó las consecuencias económicas que sufrió el país, entre las cuales enumeró: “Pérdidas del autoabastecimiento, importación de energía, pérdida de reservas del BCRA, cepo cambiario, restricción de importaciones, recesión y constantes aumentos de las tarifas de gas y combustibles”.

Paz Herrera sostiene que la expropiación, decidida por Cristina Kirchner y avalada por la mayoría kirchnerista del Congreso de la Nación, fue para tapar estos desaguisados y no parte de la “gesta nacional y popular” como quiso informar el relato kirchnerista.

Este fraude -según su denuncia- se habría concretado fundamentalmente a través de tres operatorias:

  1. Exportaciones a “precio vil”. El gas y el petróleo de YPF lo exportaban a bajísimo precio a compañías vinculadas a Repsol en el exterior. Luego esas empresas lo vendían al verdadero valor que tenían en el mercado, obteniendo de esa manera ganancias millonarias fuera del país; pero a la contabilidad de YPF sólo ingresaban los montos correspondientes a las operaciones hechas al “precio vil”. Según un informe de la Auditoría General de la Nación, YPF bajo el control de Repsol, exportaba el barril de petróleo a la mitad o menos aún del valor de referencia internacional. Esta modalidad fue denunciada por la AGN en por lo menos tres contratos en los que YPF exportó por un total de USD 1.109.491.409 a la mitad de su valor de mercado.
  2. Transferencia de patrimonio. Repsol transfirió a su patrimonio y al de empresas vinculadas los yacimientos que YPF tenía en el exterior. YPF había comprado en los 90 yacimientos en Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia y Rusia. Esas adquisiciones se hicieron cuando el valor del barril de crudo era de USD 20; y cuando Repsol los pasó a su patrimonio el precio del barril era de USD 100, con lo cual se hizo de una millonaria utilidad.
  3. Cobro de exorbitantes y legalmente cuestionables dividendos, muchos de ellos superiores a las ganancias reales de la compañía, pagos de honorarios millonarios a sus directores, pago de facturas apócrifas a proveedores inexistentes y el pago de sobreprecios a proveedores.

Los fondos obtenidos a través de estas maniobras -según la denuncia de Paz Herrera- se habrían girado a cuentas en España, Estados Unidos y Australia. El dinero se giraba a una sociedad comercial radicada en Madrid que a su vez era controlada por otra con domicilio en Australia. Las acciones de esta última eran al portador y se sospecha que eran del matrimonio Kirchner.

Todo este desmanejo provocó que bajaran las reservas de gas de 17 a 7 años y la producción de gas y petróleo se redujeron un 50 por ciento. YPF pasó a tener una deuda de USD 9 mil millones y con dinero en caja para afrontar sus costos durante sólo 22 días. Frente a este panorama tan oscuro, comenzó a planificarse la retirada de Repsol de YPF.

A fines de 2010 Repsol vendió el 17% de sus acciones a inversores norteamericanos, operación en la que -según denuncia Paz Herrera- ocultó información relevante. El gobierno de Cristina Kirchner hacía anuncios sobre el hallazgo de nuevos yacimientos y millonarias inversiones que en realidad no existían, provocando que subieran los papeles de YPF. Entonces Repsol vendía a buen precio, a USD 42 cada acción. Al poco tiempo, y al conocerse la verdadera situación de la compañía, las acciones se desplomaron hasta los USD 11 por cada cartular.

La maniobra habría seguido de la siguiente manera: Cristina Kirchner culpó del vaciamiento de YPF a Repsol y por lo tanto era necesario expropiar la empresa. A cambio, el Estado Argentino le tuvo que pagar una “indemnización” de USD 5.000 millones a Repsol. Ese acuerdo se plasmó en un convenio que Miguel Galuccio y Axel Kicillof le hicieron firmar a la empresa en 2014 en el que Repsol no hacía ninguna concesión mientras que YPF renunciaba a cualquier tipo de reclamo contra la empresa española.

Pero aún falta el último paso para completar este multimillonario fraude del que -según Paz Herrera- habrían sido partícipes los Kirchner. Era necesario encubrir toda la operatoria a fin de lograr impunidad. Para lograr ese plan, Cristina Elisabet Kirchner habría contado con la complicidad de Miguel Galuccio, Axel Kicillof y el resto de los directores -nombrados por la entonces Presidente de la Nación- de estrechos vínculos con Máximo Kirchner y miembros de La Cámpora.

De acuerdo con la denuncia, para encubrir el saqueo a YPF este grupo de personas habría incurrido en violaciones al estatuto de la empresa, a la ley de Sociedades Comerciales y a regulaciones del mercado de valores de la Argentina y de los Estados Unidos.

Pero eso no es todo. En abril de 2015, es decir pocos meses antes de que el kirchnerismo dejara el gobierno, Galuccio, Kicillof y los jóvenes de La Cámpora dispusieron que fuera la propia YPF, y no una compañía de seguros -como se suele hacer-, la que les permitiera mantenerse indemnes en caso de cualquier reclamo que les pudieran hacer en forma personal.



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